Las principales organizaciones de la producción independiente española han pedido al Ministerio de Cultura que abra un proceso de diálogo con el sector antes de culminar la tramitación de la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Las asociaciones integradas en la Plataforma Audiovisual de Productores (PAP) —AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM— consideran positiva la reactivación parlamentaria de la norma, pero advierten de que el texto necesita una revisión profunda para responder a la realidad actual de la industria.
Las entidades recuerdan que el proyecto que ahora retoma su recorrido legislativo es esencialmente el mismo que fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2022 y que quedó paralizado tras el adelanto electoral. Según denuncian, el articulado no ha incorporado los cambios que ha experimentado el sector durante los últimos años, desde la irrupción de la inteligencia artificial hasta la consolidación de nuevas plataformas audiovisuales, la evolución del marco europeo de ayudas o las transformaciones en los hábitos de consumo de contenidos.
Los productores lamentan además no haber participado en ningún proceso formal de revisión del texto desde que comenzó su elaboración. Aseguran que tuvieron conocimiento de la reactivación de la ley a través del seguimiento de la actividad parlamentaria y posteriormente mediante declaraciones públicas del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados. A su juicio, resulta contradictorio apelar al consenso sin haber convocado previamente a las organizaciones que representan a buena parte de las empresas directamente afectadas por la futura normativa.
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la definición legal de productor independiente. Las asociaciones recuerdan que este fue uno de los puntos más controvertidos durante la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2022, al considerar que la redacción vigente permite que compañías vinculadas a grandes grupos audiovisuales puedan acceder a incentivos y mecanismos de protección concebidos originalmente para las pequeñas y medianas empresas independientes.
Según sostienen, durante las negociaciones de aquella ley el Gobierno trasladó al sector el compromiso de corregir esta situación a través de la futura Ley del Cine. Sin embargo, las organizaciones consideran que la redacción actual no resuelve el problema y mantiene el riesgo de que ayudas públicas destinadas a fortalecer el tejido independiente terminen beneficiando a operadores con una posición mucho más consolidada en el mercado.
Las asociaciones firmantes insisten en que no cuestionan la necesidad de aprobar una nueva ley. De hecho, consideran que el sector audiovisual necesita una actualización normativa que responda a los desafíos actuales. No obstante, defienden que una reforma de esta relevancia debe construirse con la participación de quienes conocen de primera mano el funcionamiento de la producción audiovisual.
Por ello, reclaman la celebración inmediata de una reunión de trabajo con el Ministerio para conocer el estado de la tramitación, la creación de un calendario de consultas técnicas con plazos concretos y la constitución de un grupo específico encargado de revisar la definición de productor independiente y otros aspectos que consideran desactualizados.
A juicio de las organizaciones integradas en PAP, el conocimiento acumulado por el sector constituye una herramienta imprescindible para mejorar la calidad técnica de la futura legislación y evitar que la nueva Ley del Cine nazca desfasada respecto al contexto audiovisual en el que deberá aplicarse.
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