Ministerio de cultura|El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha estado llevando a cabo reuniones en los últimos días con representantes clave de las principales asociaciones de productores, distribuidores y exhibidores dentro del sector audiovisual nacional.
Estas reuniones tenían como objetivo mantener canales abiertos de diálogo con el sector antes de la reanudación de la tramitación parlamentaria de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. La tramitación de esta ley se interrumpió debido al adelanto de la última cita electoral. Ignasi Camós, quien continúa en su rol como director general del ICAA, ha participado en estos encuentros y liderará las negociaciones relacionadas con la nueva ley.
En la reunión con los productores, estuvieron presentes representantes de diversas asociaciones destacadas en el ámbito audiovisual nacional, incluyendo la Asociación Estatal de Productoras de Cine Independiente (AECINE), Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), Producción Audiovisual Española (PATE), Productors Audiovisuals Federats (PROA), la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación (DIBOOS), Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (PROFILM), la Mesa Territorial de Productores Audiovisuales (MAPA) y Mediapro.
Durante la reunión, Ernest Urtasun consultó a los participantes sobre la adecuación del texto que estaba pendiente de completar su tramitación parlamentaria unos meses atrás, justo antes de las elecciones del 23 de julio, o si sería preferible comenzar desde cero para desarrollar una nueva normativa.
En la reunión con los distribuidores, participaron miembros de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y la Asociación Próxima.
Posteriormente, el ministro y su equipo sostuvieron un encuentro con representantes del sector de la exhibición cinematográfica. En esta ocasión, participaron la Federación de Cines de España (FECE), la Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España (NAECE) y la red de cines independientes PROMIO.
Se prevé que la serie de encuentros con representantes del sector audiovisual continúe en los próximos días, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Cultura por mantener un diálogo abierto antes de retomar la tramitación parlamentaria de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
El nuevo proyecto de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual destaca la necesidad de contar con ayudas públicas que impulsen todos los aspectos del audiovisual. Se hace hincapié en apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto, desde la escritura y desarrollo hasta la distribución. Además, se aborda el respaldo a la exhibición, internacionalización, organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales, proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica, creación de audiencias, actividades de formación, nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i, así como la conservación del patrimonio.
Como novedad, el proyecto establece que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, incluso si incluye otras formas audiovisuales, como series.
El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas co-oficiales distintas del castellano se extiende a las lenguas reconocidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas. Para el reconocimiento de la nacionalidad española, se incluyen todas las lenguas co-oficiales y también, por primera vez, la de signos española. Además, se requiere, como condición para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y legislación españolas en materia de propiedad intelectual.
En cuanto al apoyo a las salas de cine, todas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, con especial atención a las salas independientes o ubicadas en núcleos rurales.
El proyecto de Ley destaca la igualdad real entre hombres y mujeres, incorporando reservas específicas en las dotaciones de distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción para mujeres, que anteriormente era parte de las órdenes de ayudas, ahora se convierte en una obligación recogida en la Ley para todas las ayudas a producción. También se menciona que el ICAA, a través de la Filmoteca Española, llevará a cabo iniciativas para visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
Se mantiene la cuota de pantalla, que pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.
La Ley prioriza el acceso de colectivos con discapacidad, exigiendo la incorporación de sistemas de accesibilidad para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución. Las empresas que busquen ayudas públicas deben cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, se introduce la obligación de cumplir con condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica y se propone mejorar la accesibilidad en la Filmoteca Española para la difusión de obras cinematográficas.
La Ley destaca la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para lograr esto, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como parte integral del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española se designa como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, se establece que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a la Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.
En favor de la cooperación público-privada, se incluye la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que deberá establecerse en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. Este consejo actuará como una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Estará compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones del sector, de la administración estatal, autonómica y local, así como vocales de reconocido prestigio. Sus funciones incluirán abordar cuestiones relacionadas con políticas públicas, alfabetización audiovisual y patrimonio, entre otras. Además, se añaden funciones como impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y la solución de controversias.
Como novedad, se establece la obligación específica del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual. Además, se requerirá la presentación de informes anuales que detallen las medidas implementadas, sus resultados, así como estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se consideren necesarios e interesantes para la ciudadanía.
En otro aspecto relevante, se introduce la obligación para las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de declarar los datos de visionado de obras audiovisuales, en línea con lo que ya hacen las salas de exhibición. La regulación específica de este sistema, incluyendo los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionado, será determinada en la regulación reglamentaria posterior. Esta regulación se llevará a cabo a través de una comisión en la que participarán, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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