Por La MoncloaEl pasado martes 11 de junio, Ernest Urtasun, Ministro de Cultura, presentó el anteproyecto de ley de la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Por fin termina su largo periplo hasta su puesta en marcha final, ya que en 2022 el entonces Ministro de Cultura, Miquel Iceta, presentó la ley, que fue validada el 27 de diciembre de 2022, pero que tuvo que paralizar su aprobación final al disolverse el Congreso y el Senado ante el adelanto de las elecciones generales.
El ejecutivo ha aprobado el mismo texto que presentó entonces, y lo tramitará por la vía de urgencia para que ya pueda estar aprobado antes de finalizar este 2024. Pese a ser el mismo anteproyecto que se aprobó en 2022, la ley llega con cierto retraso, que el ministro a achacado a que querían «asegurar que el texto gozaba del máximo consenso», motivo por que el que quiso darse un tiempo para reforzar el respaldo a la norma, consultando para ello con el sector.
La Ley del Cine forma parte de los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos. En el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.
Además, tiene el propósito de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Entre otras cosas, la ley blindará a las productoras independientes de cara a las ayudas, corrigiendo así la polémica suscitada con su definición en la Ley General del Audiovisual, aprobada en 2022. De hecho, la nueva norma destaca que su prioridad es la de «la promoción de la diversidad cultura de España y fomentar de la igualdad», lo que implica «la promoción de los productores independientes». Por lo tanto, la definición que dará a esta figura parte también de un gran consenso con el sector, hecho que «va a marcar el destino prioritario de los fondos de la cinematografía».
Además, el texto permite que las series de televisión estén por primera vez incluidas en la ley, lo que les dará la posibilidad de recibir ayudas públicas e implicará obligaciones de transparencia en los datos para las cadenas y plataformas que las retransmitan: «Las series, que son un producto de consumo cada vez más importante, también podrán ser objeto de ayudas públicas», explicaba el ministro.
A su vez, la ley incluirá el 35% de ayudas públicas para producciones dirigidas por mujeres y la protección a las lenguas con «reconocimiento estatuario», por lo que no solo protegerá a las lenguas cooficiales, sino también a otras lenguas habladas en nuestro país como el bable.
Por otro lado, otra de las funciones principales de la Ley del Cine será la de la defensa de los derechos de autor, con lo que quieren afrontar el desafío que implica la inteligencia artificial y la polémica que ésta suscita en torno a la cuestión. Urtasun advirtió que «la ley española de propiedad intelectual será de aplicación al conjunto actores que operen en España». Así, se aplicará al conjunto de actores españoles o extranjeros que trabajan en nuestro país a la hora de realizar algún tipo de producto cinematográfico.
El Ministro de Cultura destacó también que las dos novedades institucionales más importantes de esta nueva ley serán la de la creación del esperado Consejo Estatal de Cinematografía y Cultura Audiovisual, que «articulará una relación estable entre las administraciones y el sector» y de mecanismos de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto del Patrimonio Cinematográfico Española.
Esto, explica Urtasun, se plantea para «fortalecer y poner en valor toda la cadena de valor, desde el guion hasta la exhibición», mediante una «ley integral» para el conjunto de la industria audiovisual. Por ello, el ministro presumía de que la ley nace de una demanda unánime del sector, por lo que está hecha «con el sector y para el sector», con una clara «vocación de permanencia».
El siguiente paso de la nueva Ley del Cine será ahora su tramitación parlamentaria. Sobre esta cuestión, Urtasun, que venía de hacer mucho hincapié del consenso del que nace la norma, respondió que esperaban en máximo de los apoyos posibles en el Congreso de los Diputados. Así pues, el anteproyecto deberá pasar por las correspondientes comisiones, donde los grupos parlamentarios podrán proponer enmiendas, abriendo así la posibilidad a que se puedan modificar determinados artículos hasta su votación final en el pleno.
Y es que cuando se probó la Ley General del Audiovisual en 2022 se hizo con los apoyos del PSOE y PNV, con la abstención del PP, mientras que en contra votaron Unidas Podemos -socio gubernamental- y espacio al que pertenece el ahora ministro Urtasun con su coalición sucesora, Sumar.
Urtasun también insistió en la importancia de actualizar esta ley, ya que la anterior norma aprobada data del año 2007. Con ella, pretenden seguir considerando a España como una potencia cinematográfica, pues el objetivo es «dotar al sector de un marco amplio con normas claras dando estabilidad a una de las grandes industrias culturales de nuestro país».
Por último, Urtasun no quiso olvidarse de su antecesor en el cargo, Miquel Iceta, a quien agradeció su trabajo junto al de los agentes del sector que han participado en su redacción y el del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, que es también ponente de la norma, ya que el entonces Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital fue el que presentó la Ley General del Audiovisual.
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